Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, respectivamente, solicitaron ayer, de manera formal, al Instituto Nacional Electoral (INE), la cancelación del registro de 26 candidaturas a cargos judiciales, “con lo que se busca preservar la integridad, imparcialidad y confianza pública en quienes serán responsables de impartir justicia en el país”.
En un comunicado conjunto, se precisó que 18 candidaturas enlistadas no cumplen con el requisito constitucional de “gozar de buena reputación”, por estar vinculadas a investigaciones penales federales vigentes sobre delitos graves, como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada.
- EL Dato: El miércoles, organizaciones formalizaron ante el INE sus denuncias contra 11 aspirantes a un cargo en el PJ por presuntas ligas con el crimen organizado.
Además, en el informe remitido al órgano electoral se acredita la existencia de carpetas de investigación y órdenes de aprehensión en contra de algunas de las personas postuladas.
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Asimismo, en otras ocho candidaturas, los prospectos no cumplieron con el promedio general de calificación en licenciatura de cuando menos ocho puntos.
De entre los primeros 18 casos, se documentó que algunos de los candidatos han actuado como defensores de individuos relacionados con el crimen organizado, lo cual compromete su imparcialidad y representa un conflicto de interés, consideraron los quejosos.
Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, dijo que “la elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial”.
El diputado federal de Morena insistió en que la idoneidad no es sólo una cuestión legal, sino un imperativo ético para proteger la legitimidad del Poder Judicial.
En cuanto a las candidaturas impugnadas por elegibilidad académica que corresponden a cargos de juezas, jueces y magistrados en distintos circuitos y salas del país, los promedios documentados van de 7.0 a 7.93, “lo que afecta directamente la idoneidad de los aspirantes y demuestra un incumplimiento de las bases legales del proceso”, señala el comunicado conjunto.
“La exigencia académica no es un trámite, sino un parámetro mínimo de calidad profesional y ética. Permitir estos registros debilita el proceso de reforma judicial y la confianza en quienes estarán encargados de impartir justicia”, expresó Gutiérrez Luna.
De acuerdo con el comunicado conjunto, la solicitud de cancelación de registro fue realizada con base en lo dispuesto en los artículos 95 y 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Aunque ni los quejosos ni el comunicado oficial dieron a conocer datos personales, trascendió que entre los impugnados están jueces y magistrados que en algún momento emitieron sentencias favorables a integrantes del crimen organizado o que han sido señalados por presuntas conductas que ponen en duda su probidad.
Entre ellos se encuentran Fernando Escamilla Villarreal, juez de distrito en Materia Penal del Tercer Circuito, acusado de actuar como abogado defensor de personas imputadas por pertenecer al crimen organizado, y Jesús Humberto Padilla Briones, juez administrativo federal en Nuevo León, quien presuntamente en algún momento fue puesto a disposición por portación de arma de fuego y delitos contra la salud.
También figura Diana Monserrat Partida, jueza de distrito en Materia Penal del Sexto Circuito, señalada por supuestamente haber otorgado libertades indebidas a personas procesadas por delincuencia organizada.
A la lista se suman Francisco Herrera Franco, juez de distrito en Materia Penal del Onceavo Circuito, acusado de mantener vínculos con integrantes del crimen organizado, y Francisco Martín Hernández Zaragoza, magistrado del Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, imputado por abuso sexual.
Presidenta hace llamado a votar
│ Por Yulia Bonilla
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un nuevo llamado a la ciudadanía a que participe en los comicios para renovar a jueces, ministros y magistrados, y mencionó que como habrá la mitad de las casillas que se instalan en otros procesos, los ciudadanos deben averiguar en dónde estará la suya.
De gira por el Estado de México, la mandataria volvió a criticar a quienes acusan a su Gobierno de autoritarismo a razón de la reforma que dio paso a esta elección, lo cual negó, al explicar que en esta ocasión será la propia población la que elija al nuevo Poder Judicial, como ya se hace con los otros dos poderes.
“Pero, además, fíjense, somos el único país del mundo —y vamos a ser ejemplo, ya lo somos en muchas cosas— que elige al Poder Ejecutivo, es decir: presidentas, presidentes, presidentes municipales, gobernadores; al Poder Legislativo: diputadas, diputados, senadores o diputados locales; y ahora, al Poder Judicial”, enfatizó.
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